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DIPUTADOS DE LA NUEVA MAYORÍA INGRESARON REQUIMIENTO EN EL TC PARA FRENAR POLÉMICO REGLAMENTO DEL GOBIERNO QUE AFECTA A MILLONES DE CONSUMIDORES.

vallespin010Encabezados por el diputado DC Patricio Vallespín, pidieron hoy al Tribunal Constitucional dejar sin efecto reglamento que, aseguraron, vulnera derechos esenciales de millones de consumidores. El requerimiento está apoyado por las dos principales asociaciones de consumidores, CONADECUS y ODECU.

Cumpliendo con los requisitos estipulados en el artículo 93 N° 16 de la Constitución, 31 diputados de la Nueva Mayoría, apoyados por las organizaciones de consumidores, firmaron el requerimiento por inconstitucionalidad presentado esta mañana en el Tribunal Constitucional, buscando dejar sin efecto el polémico reglamento dictado por el Ministerio de Economía por consentimiento en operaciones bancarias y no bancarias y que a juicio de los parlamentarios vulnera derechos esenciales de los consumidores, dejándolos en una clara indefensión ante el aumento en las comisiones.
Así lo confirmó quien encabeza esta presentación, el diputado DC Patricio Vallespín, quien concurrió acompañado del diputado del PS, Marcelo Schilling. Tras el ingreso del requerimiento, elaborado por el abogado Mauricio Tapia, Vallespín indicó que “hemos pedido que se declaró la inconstitucionalidad de gran parte de este reglamento apelando a una serie de conceptos garantizados en nuestra Constitución y que apelan a la igualdad ante la ley y considerando que se otorga un privilegio exorbitante para el contratante poderoso dejando a las personas de brazos cruzados y no pudiendo rechazar aumentos pues prácticamente quedan obligados a someterse a la decisión de las instituciones bancarias y no bancarias. Son más de 19 millones de tarjetas las que estarían afectadas”.
Por su parte el diputado Marcelo Schilling, manifestó que “lo que estamos impugnando es un reglamento del Ministerio de Economía, que quiere eliminar una certeza jurídica de la Corte Suprema que condenó a Cencosud por la repactación unilateral de contratos. Este reglamento a nuestro juicio, excede la potestad reglamentaria e invade ámbitos de la legislación reinterpretando la ley del consumidor mañosamente”.
El diputado Vallespín agregó, además, que “este reglamento permite un control y dominio absoluto del proveedor, y ahí nosotros estamos diciendo que entra en colisión con los postulados de la Constitución en materia de protección de los derechos del consumidor , por tanto tenemos una presentación muy sólida, contundente y esperamos que el Tribunal Constitucional acoja también nuestra petición de dejar sin efecto la aplicación de este reglamento porque puede afectar a millones de chilenos, permitiéndose un aumento en las comisiones en forma unilateral, porque en la práctica si bien hay una respuesta formal del consumidor, en lo sustantivo es completamente unilateral y el proveedor del servicio financiero puede hacer lo que quiera, subirlo cuándo quiera, cómo quiera, sin ninguna definición de criterios previos”.
Sobre este mismo punto el Schilling diputado Schilling agregó que “La ley del Consumidor debe buscar defender al más débil y con este reglamento se está perjudicando abiertamente al consumidor, obligándolo a aceptar los términos de la entidad que presta el servicio. Si uno firma un contrato tiene derecho a la certeza al que prestador del servicio, le va dar el servicio el trato que corresponde y eso no está pasando. Yo creo que al gobierno de Piñera hay que recomendarle que no haga lo que hizo Pinochet con la educación arreglando las cosas a última hora. Si Piñera no quiere pasar a la historia como Pinochet que no lo imite en este tipo de cosas. Por eso es que solicitamos que esto quede sin efecto y que se suspenda el reglamento del Ministerio de Economía”.
Finalmente, el diputado DC Fuad Chahin, integrante de la comisión de Economía de la Cámara informó que se está solicitando la realización de una sesión especial para analizar este hecho y que se ha citado al Ministro de Economía para que explique por qué el Gobierno cambio de opinión y optó por la vía reglamentaria para sancionar un hecho que en el 2010 aseguró debía hacerse a través de una ley.

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