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Bancada DC pidió al Consejo para la Transparencia que sancione al ministro de Hacienda por infracción a ley de Protección a la Vida Privada: “Se pone al frente de la Constitución”

–        Diputado Gabriel Silber, subjefe de la bancada DC, ingresó presentación en CPLT, asegurando que “en ningún caso se puede invadir la privacidad de los chilenos y chilenas”

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“La solicitud del Ministro es inconstitucional e ilegal, toda vez que no se ampara en norma alguna que lo autorice a recabar la información de los millones de chilenos que optaron por retirar su 10% de las AFPs.  La  Superintendencia de Pensiones, al amparo de las normas de derecho público que la regula, se encuentra impedida de entregar esa información, bajo riesgo de incurrir en grave infracción y responsabilidad legal”

Considerando los hechos como “graves e inaceptables” la bancada de diputados DC ingresó hoy una petición formal para que el Consejo para la Transparencia fiscalice, investigue y sancione al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por “infringir la ley de Protección de la Vida Privada, al pretenderse por parte de Briones utilizar datos privados ingresados al sistema de la Superintendencia de Pensiones para fines diversos de los recabados, con abierta infracción a la Constitución y la ley.”

Lo anterior, tras conocerse el oficio en el que el ministro de Hacienda pide a la Superintendencia de Pensiones información privada sobre los ciudadanos que han retirado el 10 por ciento de los fondos desde las AFPs.

Al respecto, el subjefe de la bancada DC, Gabriel Silber, señaló que “.  Si el ministro hubiese solicitado información de cada uno de los chilenos, en materia de cuentas bancarias, de  giros y retiros, la verdad es que debiéramos tener un ministro renunciado y acciones incluso penales; hoy lo hace en relación a los fondos previsionales de los ciudadanos y a nadie en el gobierno le causa sorpresa. Esto viola leyes y normas de la Constitución. Por eso ingresamos esta presentación. Lo más grave es que a nuestro juicio, esta petición, pidiendo que se identifique a los ciudadanos, el señor ministro se pone al frente de la Constitución. Cuando se señala que es para fines estadísticos, bastaría con información general y global, pero no se puede invadir el sagrado derecho a la privacidad de los chilenos el ministro de Hacienda se pone al frente de la Constitución con la petición que ha formulado”.

“Habría bastado con solicitar información genérica, global, pero no se puede afectar de esta forma la privacidad de las personas, protegidas por ley por la Constitución”.

El escrito ingresado señala que “nuestro país cuenta, desde el año 1999, con una normativa sobre Protección de la Vida Privada, contenida en la Ley N° 19.628. La discusión sobre el alcance y las características de esta norma ha suscitado mayor interés en el último tiempo en el ámbito nacional, siendo uno  de los elementos que ha contribuido a esta discusión es su interrelación con la Ley de Transparencia (N°20.285).”

“En este contexto, la protección de datos personales ha sido entendida como un derecho fundamental , y se asocia a la capacidad que tiene el ciudadano para disponer y decidir sobre todas las informaciones que se refieran a él.  Se han identificado una serie de principios comunes a distintas normativas y modelos institucionales en el mundo, que permiten regular el uso de los datos personales por parte de las empresas, las instituciones públicas, ministerios y todos aquellos que manejan este tipo de información. De acuerdo a la OCDE (1980) existen 2 principios que podemos destacar, y que son obligatorios para la administración activa: 

         Principio de limitación de uso: Los datos personales no deberían revelarse, hacerse disponibles o utilizarse de otro modo que no sean los especificados, salvo:

         a) con el consentimiento del sujeto de los datos, o

         b) por imperativo legal.

         Principio de salvaguardas de seguridad: Los datos personales deberían protegerse, mediante salvaguardas de seguridad, frente a riesgos como pérdida, acceso, destrucción, uso, modificación o revelación no autorizados.

         Los criterios anteriores fueron recogidos por nuestra Constitución vigente, y así su artículo 19 Nº4  dispone expresamente que la protección de los datos personales es un derecho fundamental y ninguna autoridad puede pedir o usar los datos de los chilenos sin una ley que lo autorice o con el consentimiento de las personas

         Finalmente, el escrito asegura que “la petición del sr. Ministro es inconstitucional e ilegal, toda vez que no se ampara en norma alguna que lo autorice a recabar la información de los millones de chilenos que optaron por retirar su 10% de las AFPs .  Consecuente con ello, la  Superintendencia de Pensiones, al amparo de las normas de derecho público que la regula, se encuentra impedida de entregar esa información, bajo riesgo de incurrir en grave infracción y responsabilidad legal. Lo único que podría entregar el requerido, es una estadística anónima de cifras y montos globales, con los grados de desagregación que se le requiera, pero sin nombre, monto  y RUT de cada uno de los beneficiarios.  La única excepción sería que cada beneficiario del retiro del 10%, y el nuevo probable usuario, autorice expresamente la entrega de la información por algún medio idóneo e irredaguible.”

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