DiputadosPDC

Proyecto de Acuerdo de la Nueva Mayoría

PROYECTO DE ACUERDO

Considerando:

1. Que, no obstante las investigaciones realizadas en esta Cámara bajo gobiernos de distinta orientación política, en la situación de los niños y niñas carentes de cuidado parental que se encuentran bajo la protección del Estado en instituciones administradas directamente por el SENAME y en organismos privados que reciben subvención del Estado al efecto, existen aspectos fundamentales de la situación que viven y que les afectan seriamente, que aún permanecen silenciados.
2. Entendiendo que existe una necesidad urgente de focalizar el trabajo de todos los organismos del Estado para superar la crisis institucional del SENAME y sus organismos colaboradores de modo de garantizar a los niños carentes de cuidado parental e infractores de ley el respeto efectivo de sus derechos , el cuidado adecuado que requieren y el trato digno que s merecen

3. Y, compartiendo el reconocimiento realizado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria el pasado año 2016 de que “Como sociedad y como Estado les hemos fallado a los niños”
4. Los diputados aquí firmantes, reafirmando un compromiso transversal con la infancia más vulnerable de nuestro país, y comprometidos a realizar aportes concretos solicitamos se adopten soluciones prontas y específicas que permitan avanzar en la solución efectiva de esta crisis.

Por ello, en ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 52, número 1, inciso primero de la letra a), de la Constitución Política de la República, venimos en solicitar a la sala de esta Honorable Cámara de Diputados apruebe el siguiente proyecto de acuerdo:

 

PROYECTO DE ACUERDO

La Cámara de Diputados acuerda:

Solicitar a su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria la adopción de las siguientes medidas:

I. MEDIDAS INMEDIATAS PARA LA ATENCIÓN IMPOSTERGABLE DE LOS NIÑOS QUE HOY ESTÁN EN RIESGO Y RESPONSABILIDAD EFECTIVA DE LOS VULNERADORES

1. Despliegue de atención urgente , en terreno, de los niños que hoy se encuentran en riesgo, de todos los Ministerios competentes , encabezados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y la Corte Suprema de Justicia como el órgano del Estado que tiene las facultades administrativas, correctivas y disciplinarias de todos los Tribunales de Justicia del país, con el objeto de poner remedio a las vulneraciones que sufren por encontrarse en residencias calificadas como “críticas”, en el catastro realizado por el Ministerio de Justicia; el Informe del Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, señor Roberto Contreras, el Informe Nacional de visitas a hogares y residencias de protección de SENAME elaborado por el Poder Judicial en 2016 y los informes de fiscalización 2017 realizados por ellos mismos hasta esta fecha, así como los referidos en las auditorías de la Contraloría General de la República y sus informes de seguimiento.

2. En particular, atención de salud inmediata de los 197 niños que en las visitas realizadas por INDH de febrero a abril de este año denunciaron ser sometidos a descuido negligente, maltrato físico, mental o psicológico, abuso y explotación sexual dentro de las 171 residencias visitadas del total de 254 existentes en el país y, extensión de dicho despliegue territorial interministerial a todas las instituciones en las que dicho organismo informe la existencia de casos similares.

3. Coordinaciones interministeriales semanales, en las que se evalúe la acción estatal en terreno emprendida en protección de los niños en situación de riesgo al interior de las instituciones, de forma de constatar su efectiva protección y la implementación de las mejoras urgentes y concretas para la mayor eficacia de dicha acción.

4. Intervención inmediata de todos los centros públicos y privados en los que se hayan producido muertes, abusos sexuales, maltrato, explotación sexual infantil y en los que se vulneren sus derechos fundamentales más básicos como su alimentación, abrigo, seguridad, etc. En particular, intervención de aquellos en los que la misión de observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos constata la vulneración de sus derechos esenciales. Y patrocinio estatal oficial de todas las querellas criminales que deban presentarse en contra de los autores, cómplices y encubridores de tales vulneraciones.

5. Catastro de las plazas vacantes existentes tanto en el sistema de protección como de internación de niños y adolescentes infractores de ley para su utilización y/o reconversión efectuadas las adecuaciones necesarias, para albergar a los niños que pudiesen verse afectados por el eventual cierre de algunos proyectos o centros privados.

II. MEDIDAS A CORTO PLAZO PARA ADECUAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS POR CHILE DE DISMINUCIÓN DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DURANTE SU PERMANENCIA EN EL SISTEMA.

1. Instrucción precisa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al SENAME de trabajar en la des internación de los niños de 0 a 3 años, adoptando en conjunto con la Corte Suprema de Justicia las medidas necesarias para prestar toda la ayuda y acompañamiento necesario para que los niños regresen a su familia de origen, a su familia extensa o sean colocados en familias de acogida. Todo ello en un plazo máximo de tres meses.

2. Revisión urgente de las causas judiciales de niños que han sido declarados susceptibles de ser adoptados y que permanezcan inmovilizados en las residencias en dicha condición.

3. Creación, en el plazo de un mes, de un registro de niños sujetos al sistema de protección e infractores de ley que deban recibir tratamiento psicofarmacológico, así como de los especialistas autorizados a prescribir dichos tratamientos, y prohibición absoluta para todas las instituciones de protección e internación de administrar psicofármacos por fuera de las vías oficiales e incumplir protocolos estandarizados y previamente aprobados por el Ministerio de Salud

4. Implementación, en el plazo máximo de tres meses, de un Programa Estatal de Representación Jurídica y Judicial de los niños sin cuidado parental acogidos en residencias públicas o privados, dentro de la red SENAME o de la instituciones que lo reemplacen, por medio de la creación de Unidades Especializadas en Defensa de la Niñez Institucionalizada en las Corporaciones de Asistencia Judicial de todo el país. Programa de vigencia transitoria, sin perjuicio del establecimiento definitivo de un Sistema Nacional Autónomo que se haga cargo de esta representación judicial especializada.

5. Determinación de incompatibilidades entre los programas de atención a la niñez que ejecutan las instituciones privadas evitando los incentivos perversos que los mantengan institucionalizados. En particular, la incompatibilidad de los programas que evalúan las habilidades de las familia para ejercer el cuidado de sus hijos , en base a cuyos informes – que no Pericias- los Tribunales de Justicia decretan su internación, con aquellos otros que administran residencias de internación , a la vez que los representan judicialmente pidiendo su internación o susceptibilidad de adopción. Debiendo adecuarse la oferta del sistema a dichas inhabilidades dentro del plazo de 6 meses.

6. Incorporación vía Indicación Sustitutiva en los proyectos de ley que crean los nuevos servicios de protección especializada y de reinserción juvenil, actualmente en tramitación en el Congreso, y en la Ley de Subvenciones, de a lo menos las siguientes nuevas reglas y obligaciones tendientes a la transparencia, probidad y debida fiscalización de los operadores privados de más del 90 por ciento del sistema:

a. Prioridad en la subvención a familias de acogida supervisadas directamente por el Estado, a los programas de reintegración familiar y a nuevos programas de reparación para el tratamiento del maltrato, el abuso sexual, el consumo de drogas y patologías psiquiátricas regidos por protocolos oficiales de intervención.

b. Diseño oficial de protocolos nacionales de aplicación obligatoria elaborados por los Ministerios competentes para la atención y el tratamiento de los niños institucionalizados en materia de vida cotidiana, salud, rehabilitación física y psíquica de los daños ocasionados por maltrato, abuso sexual, educación, nivelación escolar, manejo de conflictos, etc., en un plazo máximo de tres meses.

c. Incompatibilidad en el desarrollo de dos o más programas por un mismo organismo colaborador, para que las instituciones que recomiendan en sus informes la necesidad de separar al niño de su familia, no sean las mismas o no estén relacionadas con aquellas que se les reciben en internación, los representan judicialmente, hacen sus tratamientos de reparación del maltrato o del abuso sexual, o tramitan sus adopciones, evitando todo círculo vicioso de mantención de los niños, niñas y adolescentes en régimen de institucionalización. Con ello se termina posibilidad de que determinados organismos colaboradores actúen con el único fin de obtener beneficios a partir de las distintas subvenciones, recibiendo recursos fiscales sin un real ánimo de restituir derechos fundamentales, o haciéndolo en menor medida.

d. Creación de un Registro de Organismos Colaboradores sancionados e inhabilitados por razones de mal utilización de los fondos asignados o vulneración de derechos de quienes están legalmente a su cuidado, en un plazo máximo de tres meses.

e. Re acreditación de todos los organismos colaboradores de SENAME o de las institución que lo reemplace.

f. Inhabilitación perpetua para trabajar en el sistema a todas aquellas personas naturales o jurídicas que las integren y que figuren en tal registro.

g. Identificación de quienes conforman a la persona jurídica que se está acreditando.

h. Declaración Jurada, al momento de acreditarse como organismo colaborador, si reciben otros aportes o subvenciones estatales así como de otros programas que ejecuten dentro de la red.

i. Declaración de patrimonio e intereses de sus representantes legales y directores.

III. MEDIDAS A CORTO PLAZO PARA EL USO RACIONAL, EQUITATIVO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

1. Establecimiento en la Ley presupuesto 2018 en la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de una glosa y asignación presupuestaria permanente que garantice los fondos necesarios para la creación de un Programa Nacional de Familias de Acogida, de administración directa del Estado, permitiendo su implementación ,correcta ejecución y continuidad en el tiempo.

2. Creación de una glosa y asignación presupuestaria permanente en la Ley el Presupuesto 2018 en las partidas de todos los Ministerios destinadas a la ejecución de Programa Nacional de Trabajo Preventivo y Prioritario con las familias evitando la internación de sus hijos, o que permitan un eficaz retorno a las familias, si ya se encontraren internados.

3. Aumento en la Ley de Presupuestos 2018 de los recursos que destina el Estado para la atención, tratamiento y reparación de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos requeridos de rehabilitación psíquica y física, a montos que permitan gestionar atenciones de calidad, con profesionales con amplia experiencia capacitados para hacerse cargo de los complejos casos que el sistema atiende, posibilitando su egreso, y no su eternización dentro del sistema.

4. Aumento en la Ley de Presupuestos 2018 de la glosa de la partida presupuestaria del SENAME o de la institución que lo reemplace, destinada al Programa de Atención de Salud Integral con Énfasis en Salud Mental, y asignación presupuestaria permanente al efecto que asegure su cobertura nacional y continua.

5. Inclusión en la Ley de Presupuestos 2018, en las partidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Salud según corresponda, de una glosa y asignación presupuestaria permanente para la formación continua de nuevos psiquiatras infanto-juveniles.

 

IV. MEDIDAS A MEDIANO PLAZO DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN EFECTIVA DEL SISTEMA

1. Rediseño de los sistemas de protección y de responsabilidad penal juvenil en tres ejes fundamentales que garanticen:
a) Infraestructura básica y segura de todos los centros.
b) Normas de respeto irrestricto a los derechos humanos de los niños durante su internación y de sanciones drásticas para quienes vulneren sus derechos.
c) Protocolos oficiales y obligatorios de trabajo con los niños, la familia y la comunidad que tiendan a la recuperación física y psíquica efectiva de los niños, a su reintegración familiar y reinserción social.

2. Elaboración de protocolos oficiales, validados por los Ministerios competentes, en cada área en las que ha de otorgarse prestaciones o servicios a los niños que se encuentran en el sistema proteccional y a los adolescentes infractores de ley, para su aplicación obligatoria en todos los organismos públicos y privados, especialmente las redes de salud pública y privada, y en los organismos de orden y seguridad pública.

3. Evaluación del trabajo de cuidado y rehabilitación efectivamente realizado por los organismos públicos y privados de atención de la niñez y revisión de los protocolos de trabajo utilizados hasta la fecha.

4. Auditorías del uso de los recursos fiscales recibidos por los organismos colaboradores en los últimos diez años. E implementación de un sistema de auditorías anuales y permanentes para todos los programas que en el contexto de estas propuestas se diseñen e implementen.

5. Creación de un sistema de formación y capacitación continuo y permanente; que debe determinar la mantención y/o egreso de los funcionarios en éste, en atención a la niñez vulnerada, y en particular en el respeto de los derechos que a ellos les asisten, especialmente en el manejo de crisis y el manejo del estrés de toda persona técnico o profesional que se desempeñe en los organismos del sistema públicos y privados.

6. Definición de una política laboral especial para quienes trabajan en el sistema de atención de la niñez que entre otras cosas, cuide el cumplimiento de las jornadas laborales, la rotación del personal, remuneraciones adecuadas, y la seguridad laboral entre otros.

V. MEDIDAS EN EL ÁREA LEGISLATIVA:

1. Suma urgencia para la tramitación de los proyectos ingresados en este Congreso, particularmente para el proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez (Boletín 10.314-06), el proyecto que suprime el Servicio Nacional de Menores, creando dos nuevos servicios de atención a la infancia y adolescencia (Boletín 8487-07), el proyecto de ley que establece el Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas (Boletín 11.176-07) ; el que establece el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (Boletín 10.315-18) y el proyecto de Reforma Constitucional que establece la Defensoría de la Infancia (Boletín 8.489-07).

2. Garantizándose , mediante el ingreso de las indicaciones pertinentes en los proyectos de ley en tramitación, respeto de los criterios y contenidos transversales que a continuación detallamos:

a. Imposibilidad absoluta de internación de niños, niñas y adolescentes por condiciones de pobreza o razones asociadas a ella, sin haber trabajado previamente con la familia de origen o extensa.

b. Regulación de causales objetivas para determinar las inhabilidades de padres, madres u otros familiares, para ejercer el cuidado de sus hijos, inhabilidades que siempre serán susceptibles de revisión judicial.

c. Programa Nacional interministerial de Apoyo a las familias con dificultades para ejercer el cuidado de sus hijos, de manera de posibilitar al máximo la permanencia de los niños en sus familias de origen.

d. Integración de los niños en Familias de Acogida, en caso de no ser posible su reintegración en la familia de origen o extensa, teniendo siempre en consideración interés superior del niño.

e. Priorización de los niños del sistema de protección e infractores de ley en la atención de sus necesidades de salud, educación, rehabilitación física y psíquica, cultura y recreación en todos los servicios públicos.

f. Prohibición a los organismos colaboradores que ejecutan programas de adopción, de todo cobro o recepción de aportes por parte de las familias interesadas, con el fin de concretar el proceso de adopción, tanto a nivel nacional como internacional.

g. Creación de un organismo oficial de control y supervigilancia de las adopciones internacionales, encargado de autorizar todas aquellas adopciones convenidas por los organismos colaboradores privados que trabajan en la materia.

h. Implementación de un sistema de acreditación de centros del SENAME o de las instituciones que lo reemplacen y sus organismos colaboradores, que fije estándares adecuados e internacionalmente validados bajo los cuales deberán re acreditarse todos los centros que hoy trabajan en el sistema.

i. Implementación de un Sistema Nacional de Abogados del niño a cargo del Ministerio de Justicia, que represente individualmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren dentro del sistema de protección e infractores de la ley, en todos los casos que sean necesarios, complementando las propuestas legislativas en tramitación.

j. Creación de un registro nacional de organismos colaboradores sancionados e inhabilitados por razones de mal utilización de los fondos asignados o vulneración de derechos de quienes están legalmente a su cuidado.

k. Definición legal de los perfiles y las competencias necesarias para desenvolverse en cada una de las funciones que requiera todo organismo que participe en el sistema de protección de la infancia.

l. Fuerte compromiso presupuestario en los proyectos de infancia actualmente ingresados que permita concretar su rápida y efectiva implementación y regulación en cada uno de ellos de un sistema de evaluación permanente de las políticas pública implementas.

La Presidenta de la República cuenta con la disposición de esta Cámara para dedicar las horas y días y realizar las sesiones extraordinarias que sean necesarios para sacar a delante los proyectos de ley y presupuestos que el ejecutivo requiera a fin de implementar estas propuestas,

Todo lo anterior, sin perjuicio de solicitar a S.E la Presidenta de la República, evalúe la creación de una instancia especial, que se avoque al esclarecimiento de la verdad de las circunstancias en que ocurrieron las muertes de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la protección del Estado, en centros públicos y privados; y que del mismo modo, se encargue de analizar en particular aquellos casos en que pudiesen proceder medidas reparatorias.

Firman:

 

 

RICARDO RINCÓN GONZÁLEZ Diputado de la República

 

ROBERTO LEÓN RAMÍREZ
Diputado de la República

 

 

 

CLAUDIO ARRIAGADA MACAYA
Diputado de la República

 

 

YASNA PROVOSTE CAMPILLAY
Diputada de la República

 

 

 

MARCELA HERNANDO PÉREZ
Diputada de la República

 

 

LUIS ROCAFULL LÓPEZ
Diputado de la República

 

 

 

CAMILA VALLEJOS DOWLING
Diputada de la República

 

 

KARLA RUBILAR BARAHONA
Diputada de la República

 

 

 

LORETO CARVAJAL AMBIADO
Diputado de la República

Share
Aqui texto footer